(artículo escrito para la materia "Taller de lectura y discusión de textos" en 2006)
La porción de la torta
El plan económico del actual gobierno nacional incluye, entre otros aspectos, una política cambiaria que sostiene un tipo de cambio elevado, conocido popularmente como “modelo de dólar alto”. Esta política cambiaria o “modelo” que consiste en mantener cara la divisa internacional y, por lo tanto, barata la moneda nacional, en un contexto internacional favorable (precios en alza para los commodities), resulta un estímulo para las exportaciones en general y, en particular, para la de productos como la soja, el petróleo, harina, lácteos y aceites (entre otros).
Los ingresos generados por las exportaciones representan una importante fuente de recursos fiscales ya que los exportadores no se apropian del total de divisas, que obtienen por sus ventas en el exterior al tipo de cambio nominal vigente. El estado se queda con una porción o porcentaje de estos ingresos, en carácter de impuesto, denominado “retenciones a las exportaciones”. Estas no son uniformes ya que si bien la mayor parte de las manufacturas de origen agrario (MOA) como los vehículos terminados, que se venden en el exterior, deben pagar un monto del 5%, en concepto de retenciones, existen otros productos que tributan el 10%.
Con este tributo el estado se hace de recursos adicionales de un carácter considerable ya que representan un monto del orden del 2,3% del PBI. Además, si se compara la recaudación impositiva por retenciones entre septiembre de 2005 e igual mes del corriente año, se observa que esta se incremento en un 67%. Así, las retenciones a las exportaciones constituyen un recurso fiscal importante que se vincula estrechamente con la política cambiaria (“modelo del dólar alto”). En esta relación, que define parte de la política macroeconómica del gobierno, el estado se apropia de parte (una porción) del excedente (torta) obtenido por los sectores exportadores de la economía nacional.
Acerca del tamaño de la porción
Por supuesto no existe unanimidad o amplio consenso a la hora de evaluar los efectos que las retenciones a las exportaciones tienen sobre la economía real en general y, en particular, sobre el sector agrícola. Se discute así, que tamaño debe tener la porción de torta apropiada por el estado. De un lado, aparecen quienes plantean el “carácter distorsivo” de las retenciones o, aun mas, la “visión distorsionada sobre la situación económica del sector agropecuario” por parte del gobierno. El carácter distorsivo del impuesto está dado, de acuerdo a esta óptica, por el hecho la aplicación de retenciones quita rentabilidad e incentivos a los sectores exportadores de la economía. Además, se sostiene que si el estado se apropia parte de este excedente generado por las exportaciones es para reasignar recursos de manera arbitraria es decir, el estado está asumiendo una función que no le corresponde. La distorsión del impuesto, en suma, viene dada porque se quita eficiencia a la economía, eficiencia que sólo puede obtenerse a través del funcionamiento libre del mercado. La solución, en esta perspectiva, consiste en eliminar el impuesto para lograr de este modo un desarrollo exportador y una mayor eficiencia en la asignación de los recursos.
De otro lado, y desde una visión más heterodoxa, aparecen quienes no cuestionan el impuesto y lo miran con buenos ojos dado el actual contexto internacional. Sin embargo, se señala “que este impuesto no se puede cobrar por siempre” por lo que, en este otro enfoque, se pone el énfasis en el carácter extraordinario y coyuntural, antes que en el distorsivo, del tributo.
No sería muy exacto afirmar que las acciones concretas del gobierno, en relación al tema retenciones, oscilan entre estas dos visiones en una suerte de conciliación o de política ecléctica. Tampoco se podría afirmar que la autoridad económica toma partido por una de las dos visiones, en desmedro de la otra. Lo cierto es que la estrategia oficial parecería descansar en regular el monto cobrado, en concepto de retenciones, de acuerdo a cómo varíen los ingresos obtenidos por la venta de mercancías en el exterior, así como también a como se modifiquen las cantidades vendidas. Como ejemplos pueden mencionarse los lácteos y la harina. En el primer caso, el gobierno hizo una rebaja en la que se pasó del 10% y 15% que tributaban el queso y la leche respectivamente, a un 5% para ambos productos. Las razones de esta decisión obedecen a que, debido al abultado volumen producido, en caso de no venderse toda la producción láctea los precios disminuirían considerablemente perjudicando a los productores. En el caso de la harina, la disminución en el monto cobrado por retenciones fue del 10% (bajó del 20% al 10%) y el motivo fue la caída, que se viene registrando desde 2004, en el volumen exportado.
Hay evidencia también de la situación inversa: aumento en el monto del impuesto por incremento en los ingresos derivados de la exportación. Como ejemplo ubicamos la premezcla de harina de trigo, cuyo porcentaje de impuesto subió del 5% al 10%, producto que incrementó sus cantidades exportables desde el 2004.
Es claro que si bien las retenciones quitan algo de rentabilidad al sector exportador de la economía, existe la intención por parte de la autoridad económica de no perjudicar con las retenciones los márgenes de rentabilidad de este sector.
B)
Ampliación de la información estadística
El llamado “modelo de dólar alto” consiste, como ya se mencionó, en la política cambiaria que lleva adelante la autoridad económica por medio de la cual se sostiene, dentro de un cierto margen de flotación cambiaria, el precio del dólar en relación al peso. Lo de “alto” proviene del hecho de que, en comparación con la década pasada, la divisa internacional es más cara por lo que el tipo de cambio nominal se encuentra depreciado. De este modo, el tipo de cambio nominal vigente es de 3,069 pesos por cada dólar mientras que, en buena parte de la década del noventa, esta misma relación se mantuvo en 1 a 1 (ver cuadro 1 del anexo).
De acuerdo a los datos proporcionados por el Ministerio de Economía de la Nación, las retenciones a las exportaciones (denominadas “derechos de exportación”) se aplican a todos los productos, que se venden en el exterior, y están vigentes desde marzo de 2002 con los siguientes porcentajes:
- Los granos, los aceites y subproductos derivados de la soja y el girasol abonan el 20%
- Las carnes bovinas con hueso, carnes bovinas procesadas, conservas de carne bovina, animales vivos de la especie bovina para consumo y cueros y pieles bovinos en bruto pagan retenciones por el 15%.
- El petróleo crudo está gravado al 25%.
- Los productos regionales (frutas, hortalizas, miel, arroz, etc.) tienen un tributo del 10%.
- Las gasolinas están gravadas al 5%. Tanto el gas licuado propano como el butano tienen un derecho de 20%.
- Los quesos pagan un 10% y el resto de los productos lácteos, el 15%.
- Los demás productos tributan el 5%.
Los ingresos generados por las exportaciones han aumentado sostenidamente desde el 2002 si se comparan los totales anuales y, en caso de mantenerse la tendencia, todo parece indicar que el corriente año no va a ser la excepción (ver cuadro 2 del anexo). En este contexto, es lógico que las retenciones a las exportaciones conformen más de una cuarta parte (el 26,6%) del total recaudado por el fisco entre 2001 y 2005 (ver cuadro 3 del anexo). Además, la presión tributaria del impuesto es decir, como porcentaje del PIB, se incrementó notablemente desde la salida de la convertibilidad ya que pasó de representar, en 2001, el 0,02% a un índice del 2,33% en 2005 (ver cuadro 4 del anexo). Esto da una muestra clara de lo importante que es este recurso fiscal para las finanzas públicas, en relación a la década anterior.
Apreciación crítica
La discusión, en ámbitos académicos y políticos, en torno a las retenciones parte del hecho de considerar en primer lugar, si el estado debe o no quedarse con una parte de la riqueza generada por los productos argentinos vendidos en el exterior. En segundo lugar, la discusión se inscribe en intentar establecer por un lado el monto cobrado a los exportadores para no alterar su rentabilidad y, por otro lado, el carácter más o menos transitorio del tributo. ¿Pero cual debe ser el alcance del impuesto? La respuesta se orienta hacia la definición del carácter de un aspecto en concreto de la política fiscal y, en términos más generales, con que parte de la renta agraria se queda el estado. Esto último es lo que causa más molestia dentro de la clase social ligada tradicionalmente a la propiedad de la tierra y, por lo tanto, a la apropiación de la renta diferencial de la misma, dadas las características del suelo de la pampa húmeda argentina. Parece existir así un punto de tensión entre los terratenientes y el gobierno que gira alrededor de que los primeros quieren apropiarse de toda la porción de la torta sin que el segundo intervenga “distorsionando” el funcionamiento “natural” de la economía de mercado. Por parte del segundo en cambio, esta porción de la torta asegura recursos fiscales necesarios para cumplir con los compromisos externos. De este modo, en la discusión sobre el tamaño de la porción de la torta, se pone sobre la mesa del debate el contenido y la forma de la acción política.
A la hora de tomar un posicionamiento propio en este debate, no se tomará partido por ninguna de las dos posturas. Señalaremos aquí la necesidad de avanzar más profundamente en la apropiación de la renta agraria por parte del estado a partir de la expropiación de tierras y, por esta vía, centralizar y concentrar la propiedad de la tierra y del capital agrario. De esta manera, pueden ser expandidas las fuerzas productivas sociales mediante el aumento en la escala de producción dado por la concentración y centralización del capital agrario.
Este planteo no surge abstractamente sino que parte de conocer científicamente cual es la forma específica que adopta la acumulación de capital en Argentina. Esta se basa esencialmente en la renta diferencial de la tierra ya que la producción industrial que se encuentra en el país opera en escala reducida y sólo produce para el mercado interno.
ANEXO
Cuadro 1
Tipo de Cambio
Período Nominal (1)
$ / U$S
1991 0,986
1992 0,995
1993 1,000
1994 1,000
1995 1,000
1996 1,000
1997 1,000
1998 1,000
1999 1,000
2000 1,000
2001 1,000
2002 3,064
2003 2,900
2004 2,922
2005 2,905
2006 (2) 3,069
Fuente: Secretaría de Política Económica con información del INDEC, FMI y Bloomberg.
Cuadro 2
Período Exportaciones*
AÑO 2002 25.407
AÑO 2003 29.565
AÑO 2004 34.550
AÑO 2005 40.014
AÑO 2006** 21.541
Fuente: Ministerio de Economía y Producción.
* En millones de dólares
** Datos correspondientes al primer semestre de este año
Cuadro 3
Recaudación Tributaria de Impuestos Nacionales (en millones de pesos constantes de 2005 y porcentajes), 2001 y 2005.
* Datos provisorios.
Fuente: Ministerio de Economía y Producción.
Cuadro 4
PRESION TRIBUTARIA
En porcentaje del PIB
CONCEPTO (2) 2001 2002 2003 2004 2005 (*)
Sobre el comercio y las transacciones internacionales 0,64 2,05 3,03 3,05 3,09
Derechos de importación 0,59 0,42 0,61 0,73 0,73
Derechos aduaneros 0,57 0,40 0,59 0,71 0,71
Estadística de importación 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02
Derechos de exportación 0,02 1,61 2,45 2,29 2,33
Operaciones cambiarias y otros 0,03 0,02 (0,03) 0,03 0,02
Fuente: Dirección Nacional de Investigaciones y Análisis Fiscal, en base a datos de la AFIP, ANSeS,
Dirección Nacional de Coordinación Fiscal con las Provincias, Oficina Nacional de Presupuesto
y otros organismos.
(*):Datos provisorios.
Sitios recomendados
lunes 3 de agosto de 2009
Desempleo y pobreza
(artículo escrito para la materia "Taller de lectura y discusión de textos" en 2006)
¿Cuál es la relación que existe hoy en Argentina, entre desempleo y pobreza? ¿Aquellos obreros/as que no padecen el primer flagelo (por estar empleados) están eximidos del segundo?
De acuerdo a la información periodística analizada se observa, en primer lugar, que en un contexto de fuerte crecimiento económico (iniciado en 2002) el desempleo actualmente (agosto de 2006) se ubica en una tasa del 10,4% (sin considerar como desocupados a los beneficiarios de los planes sociales) ó del 12,8% (si se incorpora a estos en la medición). Cualquiera de estos dos índices representa una considerable disminución de la desocupación si se los compara con los niveles alcanzados en 2003, donde se registró una tasa de desempleo de 17,8% (sin planes) y de 23% (con planes). Esta disminución adquiere mayor relevancia, si se tiene en cuenta que los actuales índices de desempleo por un lado, representan casi la mitad de la desocupación registrada durante el peor momento de la crisis de 2001 y por otro, son más bajos que la tasa de desocupación contabilizada (en el promedio) de la década del noventa.
En segundo lugar (y a pesar de la baja en la tasa de desempleo) el porcentaje de población que está por debajo de la línea de pobreza, si bien es menor ahora que en el peor momento de la crisis, sigue siendo mas alto en relación al nivel alcanzado durante los noventa. De este modo, hoy nos encontramos con que dicho porcentaje es del 33%, afectando a casi 13 millones de personas, mientras que en la década pasada fue (en promedio) del 24%. Para los partidos del Gran Buenos Aires en particular, se presenta la situación de que existe un índice de pobreza que lleva once años sin bajar del 30% y que se sitúa actualmente en el 37%. Por otra parte, esta población considerada pobre (por integrar un hogar cuyo ingreso total no llega a los 859 pesos mensuales) está compuesta en un 80% por hogares en los que el principal ingreso proviene de un obrero/a que vende regularmente su fuerza de trabajo es decir, ocupado. Este último dato derribaría ciertas concepciones, arraigadas en el sentido común, de señalar como “pobres” a quienes no trabajan o intentan sobrevivir mediante la asistencia social del estado. La explicación de esta situación de “empleo con pobreza” entonces, reside en el hecho de que estos obreros/as trabajan en el sector informal de la economía, donde se perciben salarios de mucho menor monto que en el sector formal.
En tercer lugar se produjo, junto con la disminución en el índice de desocupación, un incremento en el nivel de actividad o sea, de gente en búsqueda de empleo. Esto se explicaría menos por el argumento oficial de que hay “una mayor expectativa de conseguir trabajo” por parte de los desocupados, que por la necesidad proveniente de los hogares por debajo de la línea de la pobreza por mejorar sus ingresos. En este sentido el aumento en el nivel de actividad estaría reflejando la necesidad de las personas pobres por conseguir un empleo que ayude en el sostenimiento del hogar, ya que con un único salario no es suficiente.
Por último, resulta claro que la fuerte recuperación económica y el correspondiente crecimiento sostenido del PIB no produjo aún o, en todo caso está produciendo a cuenta gotas el ansiado “efecto derrame”, de los frutos del producto del trabajo social, para aquellos obreros que aún permanecen bajo la línea de pobreza principalmente y también para el resto. En este sentido, se puede sostener que en Argentina hoy estar ocupado o conseguir un empleo, es una condición necesaria para no ser pobre pero no suficiente. Revertir este cuadro supondría aplicar políticas específicas, entre las cuales se incluiría la capacitación, para que miles de personas puedan salir de la denominada situación de “exclusión” en la que hoy se encuentran.
B)
Las mediciones sobre el índice de desocupación, para el total de aglomerados urbanos del país, marcan que en octubre del 2001 este dato fue del 18,3 por ciento y trepando al penoso record del 21,5 por ciento en mayo del siguiente año. Por otra parte, el promedio en la tasa de desocupación en Argentina desde mayo de 1990 a octubre de 2000 (para el total de aglomerados urbanos) se ubica en torno al 12,3 por ciento donde el mínimo registrado fue en octubre de 1991 (6,0 por ciento) y el máximo en mayo de 1995 (18,4 por ciento). El índice de desocupación llevaba más de doce años sin llegar a los diez puntos porcentuales, desde mayo de 1994 (cuando se registró un 10,7 por ciento), que marcó en la última medición. Cabe aclarar que si no consideramos como ocupados a las personas que están incluidas dentro de los planes sociales, el índice de desempleo (como se señaló mas arriba) es del 12,8 por ciento, cifra que tampoco se registraba desde hace 12 años es decir, desde octubre de 1994.
El porcentaje de personas que están por debajo de la línea de pobreza en Argentina, se ubicó en octubre de 2002 en 54,3 mientras que el promedio para toda la década del noventa (desde octubre de 1990 a octubre de 2000) arroja un resultado del 24,16 por ciento. La última medición disponible indica que este porcentaje en la actualidad es del 33,8 por ciento, marca que no se alcanzaba desde octubre de 1990 cuando se registró un 33,7 por ciento de personas por debajo de la línea de la pobreza.
La tasa del nivel de actividad de la economía argentina, de acuerdo al último dato disponible, se ubica (para el segundo semestre de 2005) en el nivel más alto de la serie histórica. Esto no quiere decir mas que si se miran los índices del nivel de actividad desde 1974 al 2005, se puede observar que la última medición (46,1 por ciento) es la mas alta de toda la serie.
El desempleo es actualmente un flagelo para la clase obrera argentina y esto se deriva de entender que la actual tasa de desocupación es elevada (afecta a más de un millón y medio de personas) si se la compara con los niveles de desempleo que históricamente tuvo el país. Si bien la desocupación disminuyó sensiblemente en los últimos tres años apenas si se alcanzó todavía el nivel de 1994 que ya era alto, en relación a los niveles anteriores a finales de los ochenta y durante la década del noventa. La información periodística analizada presenta la limitación de que explica la evolución reciente de la desocupación y de la pobreza en términos de variables y tasas sin detenerse a explicar o a analizar los fenómenos. Omite dos elementos centrales a la hora de entender la raíz de la desocupación y de la pobreza: el funcionamiento del modo de producción capitalista (con la consiguiente especificidad que adopta la acumulación de capital en Argentina) y la perspectiva histórica, para comprender las diversas fases del primero. En este sentido, debemos entender que el hecho de que el trabajo o la fuerza de trabajo se venda como una mercancía no es algo que esté en la naturaleza sino que emerge de las condiciones históricas concretas impuestas por el modo de producción capitalista. Por esto, no deben ser naturalizadas cuestiones tales como “desempleo” o “pobreza” ya que las mismas brotan de las condiciones en que se organiza la producción social en un momento determinado. Brevemente señalaremos aquí que el modo de producción capitalista genera constantemente población obrera sobrante para las necesidades medias de valorización del capital .
Otra limitación que encuentra la información periodística está dada por las recomendaciones de políticas para combatir el desempleo. Si bien los artículos no hacen demasiado hincapié en este último aspecto, en uno de ellos se sugiere al final la aplicación de “políticas específicas de capacitación” para los trabajadores. Pensar en la instrumentación de una política de este tipo supone pensar en que el desempleo se explica solo por la oferta de trabajo o de fuerza de trabajo sin considerar la demanda o, dicho de otro modo, que la causa de la desocupación debe buscarse en los propios trabajadores por no estar “suficientemente capacitados”. Tal supuesto no resiste el menor análisis si tenemos en cuenta el planteo de Keynes en relación a la determinación de la ocupación. Este autor sostiene que el nivel de empleo de una economía depende del nivel de inversión que haya en la misma por lo que, en esta línea de análisis, revertir los actuales índices de desempleo y pobreza requiere la aplicación de políticas más activas y globales(o universales) por parte del estado, antes que “específicas”.
¿Cuál es la relación que existe hoy en Argentina, entre desempleo y pobreza? ¿Aquellos obreros/as que no padecen el primer flagelo (por estar empleados) están eximidos del segundo?
De acuerdo a la información periodística analizada se observa, en primer lugar, que en un contexto de fuerte crecimiento económico (iniciado en 2002) el desempleo actualmente (agosto de 2006) se ubica en una tasa del 10,4% (sin considerar como desocupados a los beneficiarios de los planes sociales) ó del 12,8% (si se incorpora a estos en la medición). Cualquiera de estos dos índices representa una considerable disminución de la desocupación si se los compara con los niveles alcanzados en 2003, donde se registró una tasa de desempleo de 17,8% (sin planes) y de 23% (con planes). Esta disminución adquiere mayor relevancia, si se tiene en cuenta que los actuales índices de desempleo por un lado, representan casi la mitad de la desocupación registrada durante el peor momento de la crisis de 2001 y por otro, son más bajos que la tasa de desocupación contabilizada (en el promedio) de la década del noventa.
En segundo lugar (y a pesar de la baja en la tasa de desempleo) el porcentaje de población que está por debajo de la línea de pobreza, si bien es menor ahora que en el peor momento de la crisis, sigue siendo mas alto en relación al nivel alcanzado durante los noventa. De este modo, hoy nos encontramos con que dicho porcentaje es del 33%, afectando a casi 13 millones de personas, mientras que en la década pasada fue (en promedio) del 24%. Para los partidos del Gran Buenos Aires en particular, se presenta la situación de que existe un índice de pobreza que lleva once años sin bajar del 30% y que se sitúa actualmente en el 37%. Por otra parte, esta población considerada pobre (por integrar un hogar cuyo ingreso total no llega a los 859 pesos mensuales) está compuesta en un 80% por hogares en los que el principal ingreso proviene de un obrero/a que vende regularmente su fuerza de trabajo es decir, ocupado. Este último dato derribaría ciertas concepciones, arraigadas en el sentido común, de señalar como “pobres” a quienes no trabajan o intentan sobrevivir mediante la asistencia social del estado. La explicación de esta situación de “empleo con pobreza” entonces, reside en el hecho de que estos obreros/as trabajan en el sector informal de la economía, donde se perciben salarios de mucho menor monto que en el sector formal.
En tercer lugar se produjo, junto con la disminución en el índice de desocupación, un incremento en el nivel de actividad o sea, de gente en búsqueda de empleo. Esto se explicaría menos por el argumento oficial de que hay “una mayor expectativa de conseguir trabajo” por parte de los desocupados, que por la necesidad proveniente de los hogares por debajo de la línea de la pobreza por mejorar sus ingresos. En este sentido el aumento en el nivel de actividad estaría reflejando la necesidad de las personas pobres por conseguir un empleo que ayude en el sostenimiento del hogar, ya que con un único salario no es suficiente.
Por último, resulta claro que la fuerte recuperación económica y el correspondiente crecimiento sostenido del PIB no produjo aún o, en todo caso está produciendo a cuenta gotas el ansiado “efecto derrame”, de los frutos del producto del trabajo social, para aquellos obreros que aún permanecen bajo la línea de pobreza principalmente y también para el resto. En este sentido, se puede sostener que en Argentina hoy estar ocupado o conseguir un empleo, es una condición necesaria para no ser pobre pero no suficiente. Revertir este cuadro supondría aplicar políticas específicas, entre las cuales se incluiría la capacitación, para que miles de personas puedan salir de la denominada situación de “exclusión” en la que hoy se encuentran.
B)
Las mediciones sobre el índice de desocupación, para el total de aglomerados urbanos del país, marcan que en octubre del 2001 este dato fue del 18,3 por ciento y trepando al penoso record del 21,5 por ciento en mayo del siguiente año. Por otra parte, el promedio en la tasa de desocupación en Argentina desde mayo de 1990 a octubre de 2000 (para el total de aglomerados urbanos) se ubica en torno al 12,3 por ciento donde el mínimo registrado fue en octubre de 1991 (6,0 por ciento) y el máximo en mayo de 1995 (18,4 por ciento). El índice de desocupación llevaba más de doce años sin llegar a los diez puntos porcentuales, desde mayo de 1994 (cuando se registró un 10,7 por ciento), que marcó en la última medición. Cabe aclarar que si no consideramos como ocupados a las personas que están incluidas dentro de los planes sociales, el índice de desempleo (como se señaló mas arriba) es del 12,8 por ciento, cifra que tampoco se registraba desde hace 12 años es decir, desde octubre de 1994.
El porcentaje de personas que están por debajo de la línea de pobreza en Argentina, se ubicó en octubre de 2002 en 54,3 mientras que el promedio para toda la década del noventa (desde octubre de 1990 a octubre de 2000) arroja un resultado del 24,16 por ciento. La última medición disponible indica que este porcentaje en la actualidad es del 33,8 por ciento, marca que no se alcanzaba desde octubre de 1990 cuando se registró un 33,7 por ciento de personas por debajo de la línea de la pobreza.
La tasa del nivel de actividad de la economía argentina, de acuerdo al último dato disponible, se ubica (para el segundo semestre de 2005) en el nivel más alto de la serie histórica. Esto no quiere decir mas que si se miran los índices del nivel de actividad desde 1974 al 2005, se puede observar que la última medición (46,1 por ciento) es la mas alta de toda la serie.
El desempleo es actualmente un flagelo para la clase obrera argentina y esto se deriva de entender que la actual tasa de desocupación es elevada (afecta a más de un millón y medio de personas) si se la compara con los niveles de desempleo que históricamente tuvo el país. Si bien la desocupación disminuyó sensiblemente en los últimos tres años apenas si se alcanzó todavía el nivel de 1994 que ya era alto, en relación a los niveles anteriores a finales de los ochenta y durante la década del noventa. La información periodística analizada presenta la limitación de que explica la evolución reciente de la desocupación y de la pobreza en términos de variables y tasas sin detenerse a explicar o a analizar los fenómenos. Omite dos elementos centrales a la hora de entender la raíz de la desocupación y de la pobreza: el funcionamiento del modo de producción capitalista (con la consiguiente especificidad que adopta la acumulación de capital en Argentina) y la perspectiva histórica, para comprender las diversas fases del primero. En este sentido, debemos entender que el hecho de que el trabajo o la fuerza de trabajo se venda como una mercancía no es algo que esté en la naturaleza sino que emerge de las condiciones históricas concretas impuestas por el modo de producción capitalista. Por esto, no deben ser naturalizadas cuestiones tales como “desempleo” o “pobreza” ya que las mismas brotan de las condiciones en que se organiza la producción social en un momento determinado. Brevemente señalaremos aquí que el modo de producción capitalista genera constantemente población obrera sobrante para las necesidades medias de valorización del capital .
Otra limitación que encuentra la información periodística está dada por las recomendaciones de políticas para combatir el desempleo. Si bien los artículos no hacen demasiado hincapié en este último aspecto, en uno de ellos se sugiere al final la aplicación de “políticas específicas de capacitación” para los trabajadores. Pensar en la instrumentación de una política de este tipo supone pensar en que el desempleo se explica solo por la oferta de trabajo o de fuerza de trabajo sin considerar la demanda o, dicho de otro modo, que la causa de la desocupación debe buscarse en los propios trabajadores por no estar “suficientemente capacitados”. Tal supuesto no resiste el menor análisis si tenemos en cuenta el planteo de Keynes en relación a la determinación de la ocupación. Este autor sostiene que el nivel de empleo de una economía depende del nivel de inversión que haya en la misma por lo que, en esta línea de análisis, revertir los actuales índices de desempleo y pobreza requiere la aplicación de políticas más activas y globales(o universales) por parte del estado, antes que “específicas”.
domingo 11 de mayo de 2008
La emancipación intelectual y la acción política
Sin lugar a dudas el planteo de Ranciere en su libro “El maestro ignorante”i y la propuesta de Jacotot que allí se expone, presenta todo un desafío a quienes aspiramos a formar parte de ese acto político que es la educación. El desafío frente al cual nos pone el método de Jacotot es grande en la medida en que invita a subvertir la relación de saber-poder en la acción política cotidiana e individual: la del trabajo áulico. Hablar de desafío implica también poner en tela de juicio el modo en el que fuimos (y somos) formados esto es, de acuerdo a Ranciere, en una relación de subordinación intelectual creyéndonos con una inteligencia inferior y por lo tanto, desigual a la de quien enseña. Siguiendo a Ranciere podemos decir que buena parte de nuestra educación (por no decir toda) se despliega en una relación de “atontamiento” dentro de la que “se permite al maestro transmitir sus conocimientos adaptándolos a las capacidades intelectuales del alumno”ii. Esto muestra la relación de poder que encubre el atontamiento: una inteligencia “superior” intenta, a través de la explicación, la transmisión del saber a otra inteligencia “inferior” para que esta logre alcanzar a la primera. Claramente, nos dice Ranciere, esta lógica ordena el pensamiento pedagógico desde su vertiente tradicional hasta incluso progresista al concebir la igualdad de las inteligencias como un punto de llegada, un objetivo a alcanzar. De este modo el reto que debemos asumir, según el método de Jacotot, es el de convertirnos en emancipadores lo que supone obligar al otro “a usar su propia inteligencia. ” Para esto resulta necesario que el otro a quien pretendemos enseñar se apropie de un lenguaje y que pueda acercarse a una verdad que, en Ranciere, no es absoluta ni esta completa sino que presenta modos(órbitas) de acercarse a ella. El desafío que el método de Jacotot, expuesto por Ranciere, nos abre es (de nuevo) grande al empujarnos a considerar la igualdad de las inteligencias no como un fin sino como un medio (un supuesto) para enfocar la pedagogía en general y el trabajo docente en particular. Esto implica definir la acción política en términos individuales, locales, al nivel de la “microfísica del poder” (Foucault: 1992). Cabe preguntarse entonces acerca de cuales son los límites de nuestra acción política. Para ser más precisos ¿alcanza con la emancipación intelectual para lograr una transformación social? ¿Podemos pensar la acción política solo en términos individuales?
Ranciere sostiene “no hay ley de transmisión entre la emancipación individual y las formas de emancipación colectiva.”iv Esto puede ser razonado en función de que habrían dos niveles o dos campos de acción: el individual y el colectivo, lo que nos permite pensar ¿hasta que punto pueden ser separados? O mas bien ¿hay un límite claro y preciso entre lo que Ranciere llama “emancipación individual” y las “formas de emancipación colectiva”? No es el propósito de este escrito dar respuestas a estas preguntas que lejos están de tener soluciones univocas. El riesgo reside en plantearnos la acción política solo en los términos individuales postulados por Ranciere y de este modo, dar la espalda o renunciar a la “emancipación colectiva” por citar al autor o a lo que aquí llamamos transformación de la sociedad.
En segundo lugar, el desafío ante el cual nos enfrenta el método de Jacotot es, como ya se dijo, grande pero en tanto sujetos capaces y concientes de (o de aspirar a) transformar la sociedad no podemos conformarnos con esto únicamente. En este sentido, sigue siendo válida la propuesta de Jacotot entendida como proponernos generar las condiciones para que las inteligencias puedan verse como iguales, si a esto le podemos sumar la mirada critica, desmitificadora y desnaturalizadota del orden social vigente. En Ranciere encontramos “sin duda los emancipados son respetuosos con el orden social”v a lo cual respondemos: el “respeto” debe sustituirse por cuestionamiento o critica conciente si es que pensamos en la acción política (sea individual o colectiva) como transformadora de la sociedad.
i Ranciere J. : “El maestro ignorante”
ii Ibídem p. 16
Ibídem p. 25
iv Ranciere J. : “La actualidad de El maestro ignorante, entrevista con Jacques Ranciere”, Vermeren P.,
Laurence C. y Benvenuto A., Cuaderno de pedagogía Rosario, año IV nº 11(noviembre de 2003)
v Ranciere J. : “El maestro ignorante” p. 136
Ranciere sostiene “no hay ley de transmisión entre la emancipación individual y las formas de emancipación colectiva.”iv Esto puede ser razonado en función de que habrían dos niveles o dos campos de acción: el individual y el colectivo, lo que nos permite pensar ¿hasta que punto pueden ser separados? O mas bien ¿hay un límite claro y preciso entre lo que Ranciere llama “emancipación individual” y las “formas de emancipación colectiva”? No es el propósito de este escrito dar respuestas a estas preguntas que lejos están de tener soluciones univocas. El riesgo reside en plantearnos la acción política solo en los términos individuales postulados por Ranciere y de este modo, dar la espalda o renunciar a la “emancipación colectiva” por citar al autor o a lo que aquí llamamos transformación de la sociedad.
En segundo lugar, el desafío ante el cual nos enfrenta el método de Jacotot es, como ya se dijo, grande pero en tanto sujetos capaces y concientes de (o de aspirar a) transformar la sociedad no podemos conformarnos con esto únicamente. En este sentido, sigue siendo válida la propuesta de Jacotot entendida como proponernos generar las condiciones para que las inteligencias puedan verse como iguales, si a esto le podemos sumar la mirada critica, desmitificadora y desnaturalizadota del orden social vigente. En Ranciere encontramos “sin duda los emancipados son respetuosos con el orden social”v a lo cual respondemos: el “respeto” debe sustituirse por cuestionamiento o critica conciente si es que pensamos en la acción política (sea individual o colectiva) como transformadora de la sociedad.
i Ranciere J. : “El maestro ignorante”
ii Ibídem p. 16
Ibídem p. 25
iv Ranciere J. : “La actualidad de El maestro ignorante, entrevista con Jacques Ranciere”, Vermeren P.,
Laurence C. y Benvenuto A., Cuaderno de pedagogía Rosario, año IV nº 11(noviembre de 2003)
v Ranciere J. : “El maestro ignorante” p. 136
Acerca de la diversidad cultural
La diversidad cultural no puede ser simplemente “respetada” o “tolerada” como aparece en el discurso multiculturalista reciente. En primer lugar y de acuerdo a lo planteado por Tadeu da Silva , la diversidad cultural no puede ser separada de las relaciones de poder las cuales, a su vez, son luchas por la significación. En el análisis de Tadeu da Silva un grupo o sector dominante de la sociedad convierte sus significados particulares en los universales, en los que constituyen “la cultura”. Todo lo opuesto a estos valores o lo que aparezca como diferente adquiere la significación, el sentido de ser el “otro” en función de una hegemonía y legitimidad detentada por el grupo o sector dominante.
En segundo lugar, plantear la cuestión de la diversidad cultural en términos de respeto o tolerancia supone entender a las culturas como entidades cerradas, acabadas, inmutables e incapaces de mezclarse con otras. En la línea de lo que sostienen Duschastzky y Skliar vemos que “las culturas no son esencias, identidades cerradas que permanecen a través del tiempo sino que son lugares de sentido y de control que pueden alterarse y ampliarse en su interacción.” El multiculturalismo, sostienen los autores, levanta reivindicaciones de derechos plurales con lo cual suponen la inconmensurabilidad de las culturas. De este modo, el multiculturalismo se convierte en un discurso conservador, en la medida en que se encubre una ideología de asimilación de las otras culturales en la cultura dominante bajo las consignas de tolerancia y respeto.
En tercer lugar, Duschastzky y Skliar señalan que concebir la diversidad cultural apelando al respeto y a la tolerancia implica un enmascaramiento de las desigualdades y el no cuestionamiento de las relaciones de poder que subyacen pero principalmente “nos exime tomar posiciones y responsabilizarnos por ellas” afirman los autores. Con referencia a esto y a lo expuesto mas arriba, entendemos que la diversidad cultural no debe enfocarse desde el respeto y la tolerancia sino que, desde la perspectiva de lo que Tadeu da Silva denomina “multiculturalismo critico”, debe ser cuestionada y analizada críticamente.
Tadeu da Silva T. : “O currículo como fetiche” , Autentica(1999)
Duschastzky S. y Skliar C.: “La diversidad bajo sospecha” en Cuaderno de Pedagogía Rosario, Año IV, Nº 7, junio de 2000, p. 49
Ibídem
En segundo lugar, plantear la cuestión de la diversidad cultural en términos de respeto o tolerancia supone entender a las culturas como entidades cerradas, acabadas, inmutables e incapaces de mezclarse con otras. En la línea de lo que sostienen Duschastzky y Skliar vemos que “las culturas no son esencias, identidades cerradas que permanecen a través del tiempo sino que son lugares de sentido y de control que pueden alterarse y ampliarse en su interacción.” El multiculturalismo, sostienen los autores, levanta reivindicaciones de derechos plurales con lo cual suponen la inconmensurabilidad de las culturas. De este modo, el multiculturalismo se convierte en un discurso conservador, en la medida en que se encubre una ideología de asimilación de las otras culturales en la cultura dominante bajo las consignas de tolerancia y respeto.
En tercer lugar, Duschastzky y Skliar señalan que concebir la diversidad cultural apelando al respeto y a la tolerancia implica un enmascaramiento de las desigualdades y el no cuestionamiento de las relaciones de poder que subyacen pero principalmente “nos exime tomar posiciones y responsabilizarnos por ellas” afirman los autores. Con referencia a esto y a lo expuesto mas arriba, entendemos que la diversidad cultural no debe enfocarse desde el respeto y la tolerancia sino que, desde la perspectiva de lo que Tadeu da Silva denomina “multiculturalismo critico”, debe ser cuestionada y analizada críticamente.
Tadeu da Silva T. : “O currículo como fetiche” , Autentica(1999)
Duschastzky S. y Skliar C.: “La diversidad bajo sospecha” en Cuaderno de Pedagogía Rosario, Año IV, Nº 7, junio de 2000, p. 49
Ibídem
lunes 21 de abril de 2008
Derechos humanos
¿Humanos o colectivos? Un posicionamiento frente al debate Savater – Jáuregui (2006)
La discusión en torno al carácter individual o colectivo de los derechos humanos, entre dos destacados intelectuales (Savater y Jáuregui), puede ser situada en la diferenciación (presente en el debate aunque no explícitamente) de dos aspectos, uno de los cuales se trata de que son los derechos humanos y, el otro, de para que están los derechos humanos.
El primero de estos aspectos (el que) busca establecer en quien recae la titularidad de los derechos humanos es decir, si pueden ser sujetos de derecho sólo los individuos (como sostiene Savater) o si, como afirma Jáuregui, pueden ser incluidos también grupos sociales tales como clase trabajadora, mujeres, niños, pueblos indígenas, minorías culturales, etc. Al respecto, se sostendrá aquí un parcial acuerdo con la postura de Savater ya que los derechos humanos solamente pueden recaer sobre los individuos en su condición de humanos esto es, en la pertenencia a un mismo sujeto colectivo universal: la humanidad. Sin embargo, la búsqueda de respuestas al que debe comenzar por el análisis de las condiciones históricas concretas que hacen posible establecernos a nosotros, los humanos, como sujetos de derechos. En este sentido, cabría preguntarse por la necesidad material histórica que permite que hoy podamos hacer referencia a la pertenencia (por encima de cualquier otra pertenencia étnica, cultural o religiosa) a este colectivo universal que es la humanidad y, en términos más generales, por la necesidad de que seamos individuos libres e iguales ante la ley.
En relación al segundo aspecto (el para que) aceptaremos como válida, en principio, la crítica hecha por Jáuregui, a la visión liberal que parece plantear Savater, cuando sostiene “las personas no eran ni son átomos aislados.” En este sentido, la cuestión del para que de los derechos humanos se vincula con la acción política de ciertos grupos para el logro de determinadas conquistas sociales y el respeto de ciertas libertades. De ahí que Jáuregui proponga hablar de “derechos humanos colectivos” los cuales, de acuerdo a su perspectiva, no tienen porqué contraponerse a los derechos individuales defendidos por Savater. Así, Jáuregui hace énfasis en este segundo aspecto ya que señala el carácter “instrumental” que tendrían los derechos colectivos en el accionar político de los grupos sociales.
Nuevamente, la cuestión central aquí (en mi opinión) debe enfocarse en el que son los derechos humanos. Entender el que es hacernos la pregunta sobre la necesidad de nuestra acción esto es, sobre que es lo que nos determina a actuar políticamente como sujetos concientes. Así, nuestra acción no debe ser la abstracta defensa de un derecho sino que, como se expuso mas arriba, debería comenzar por dilucidar nuestra determinación concreta y, a partir de esto, la potencialidad de nuestra acción como sujetos transformadores de la realidad.
Pablo Sisti
La discusión en torno al carácter individual o colectivo de los derechos humanos, entre dos destacados intelectuales (Savater y Jáuregui), puede ser situada en la diferenciación (presente en el debate aunque no explícitamente) de dos aspectos, uno de los cuales se trata de que son los derechos humanos y, el otro, de para que están los derechos humanos.
El primero de estos aspectos (el que) busca establecer en quien recae la titularidad de los derechos humanos es decir, si pueden ser sujetos de derecho sólo los individuos (como sostiene Savater) o si, como afirma Jáuregui, pueden ser incluidos también grupos sociales tales como clase trabajadora, mujeres, niños, pueblos indígenas, minorías culturales, etc. Al respecto, se sostendrá aquí un parcial acuerdo con la postura de Savater ya que los derechos humanos solamente pueden recaer sobre los individuos en su condición de humanos esto es, en la pertenencia a un mismo sujeto colectivo universal: la humanidad. Sin embargo, la búsqueda de respuestas al que debe comenzar por el análisis de las condiciones históricas concretas que hacen posible establecernos a nosotros, los humanos, como sujetos de derechos. En este sentido, cabría preguntarse por la necesidad material histórica que permite que hoy podamos hacer referencia a la pertenencia (por encima de cualquier otra pertenencia étnica, cultural o religiosa) a este colectivo universal que es la humanidad y, en términos más generales, por la necesidad de que seamos individuos libres e iguales ante la ley.
En relación al segundo aspecto (el para que) aceptaremos como válida, en principio, la crítica hecha por Jáuregui, a la visión liberal que parece plantear Savater, cuando sostiene “las personas no eran ni son átomos aislados.” En este sentido, la cuestión del para que de los derechos humanos se vincula con la acción política de ciertos grupos para el logro de determinadas conquistas sociales y el respeto de ciertas libertades. De ahí que Jáuregui proponga hablar de “derechos humanos colectivos” los cuales, de acuerdo a su perspectiva, no tienen porqué contraponerse a los derechos individuales defendidos por Savater. Así, Jáuregui hace énfasis en este segundo aspecto ya que señala el carácter “instrumental” que tendrían los derechos colectivos en el accionar político de los grupos sociales.
Nuevamente, la cuestión central aquí (en mi opinión) debe enfocarse en el que son los derechos humanos. Entender el que es hacernos la pregunta sobre la necesidad de nuestra acción esto es, sobre que es lo que nos determina a actuar políticamente como sujetos concientes. Así, nuestra acción no debe ser la abstracta defensa de un derecho sino que, como se expuso mas arriba, debería comenzar por dilucidar nuestra determinación concreta y, a partir de esto, la potencialidad de nuestra acción como sujetos transformadores de la realidad.
Pablo Sisti
Derechos humanos
Derechos humanos y minorías
El planteo de Luis Villoro en torno a la cuestión de los derechos humanos y los derechos de los pueblos, parece poner sobre la mesa el debate acerca del carácter individual o colectivo de los derechos humanos. De este modo, tenemos por un lado los derechos humanos individuales y, por el otro, los derechos humanos colectivos (de los pueblos). Villoro presenta sin rodeos, a mi parecer, una suerte de “conciliación” o, mas bien (al igual que Jáuregui) una “complementación” entre ambos es decir, no los ve como opuestos sino como dos aspectos de una misma concepción de los derechos humanos. Esta “conciliación” o “complementación”, de los derechos individuales y colectivos, ofrece, en mi opinión, dos aspectos a considerar, uno de los cuales será motivo de mi aceptación mientras que el otro, de discusión.
El primer aspecto, de la “complementación” de Villoro, implica no confundir los “derechos de los pueblos” con los “derechos de los estados” como si fueran la misma cosa. Es interesante apuntar como Villoro complejiza el término “pueblo” presentándolo con toda su ambigüedad conceptual; lo que le permite, además, sostener porque “pueblo” no es equiparable a “estado-nación.” Como consecuencia de este planteo es que fue utilizado el “derecho de los pueblos a la autodeterminación”, en diversas ocasiones, como “derecho a la no injerencia” por parte de distintos estados soberanos para impedir, de ese modo, la intromisión en sus territorios de organismos internacionales por cuestiones ligadas a la violación sistemáticas de derechos humanos (principalmente de primera generación). Indudablemente, en mi consideración, como bien afirma el autor: “un estado no es un pueblo, sino un poder político que se ejerce sobre uno o varios pueblos, o sobre una parte de un pueblo”.
El segundo aspecto planteado por Villoro, hace referencia a la constitución (en el sentido de conformación o creación) de un nuevo tipo de estado plurinacional o multicultural capaz de incluir a los denominados “pueblos” (entendidos como minorías culturales o étnicas). Villoro es cuidadoso en señalar que la identidad “pueblo” debe servir de marco para la autonomía individual y no como una imposición sobre esta; lo que nos pone delante la cuestión, bastante interesante por cierto, del avance en la construcción de “valores universales” sobre la base del consenso y el aporte de las distintas culturas individuales. El punto crítico, a mi entender, es el de cómo parece caracterizar el estado el autor. Villoro presenta al estado plurinacional como “una asociación política” es decir, como el producto de una acción consensuada de tipo contractual. Subyace aquí, una concepción contractualista del estado que es lo que deberíamos poner en discusión. La pregunta que me hago es: ¿es posible alcanzar tal consenso (entre los distintos pueblos) dentro del actual estado burgués? Y si es así, ¿en que medida puede ser generalizable?
El planteo de Luis Villoro en torno a la cuestión de los derechos humanos y los derechos de los pueblos, parece poner sobre la mesa el debate acerca del carácter individual o colectivo de los derechos humanos. De este modo, tenemos por un lado los derechos humanos individuales y, por el otro, los derechos humanos colectivos (de los pueblos). Villoro presenta sin rodeos, a mi parecer, una suerte de “conciliación” o, mas bien (al igual que Jáuregui) una “complementación” entre ambos es decir, no los ve como opuestos sino como dos aspectos de una misma concepción de los derechos humanos. Esta “conciliación” o “complementación”, de los derechos individuales y colectivos, ofrece, en mi opinión, dos aspectos a considerar, uno de los cuales será motivo de mi aceptación mientras que el otro, de discusión.
El primer aspecto, de la “complementación” de Villoro, implica no confundir los “derechos de los pueblos” con los “derechos de los estados” como si fueran la misma cosa. Es interesante apuntar como Villoro complejiza el término “pueblo” presentándolo con toda su ambigüedad conceptual; lo que le permite, además, sostener porque “pueblo” no es equiparable a “estado-nación.” Como consecuencia de este planteo es que fue utilizado el “derecho de los pueblos a la autodeterminación”, en diversas ocasiones, como “derecho a la no injerencia” por parte de distintos estados soberanos para impedir, de ese modo, la intromisión en sus territorios de organismos internacionales por cuestiones ligadas a la violación sistemáticas de derechos humanos (principalmente de primera generación). Indudablemente, en mi consideración, como bien afirma el autor: “un estado no es un pueblo, sino un poder político que se ejerce sobre uno o varios pueblos, o sobre una parte de un pueblo”.
El segundo aspecto planteado por Villoro, hace referencia a la constitución (en el sentido de conformación o creación) de un nuevo tipo de estado plurinacional o multicultural capaz de incluir a los denominados “pueblos” (entendidos como minorías culturales o étnicas). Villoro es cuidadoso en señalar que la identidad “pueblo” debe servir de marco para la autonomía individual y no como una imposición sobre esta; lo que nos pone delante la cuestión, bastante interesante por cierto, del avance en la construcción de “valores universales” sobre la base del consenso y el aporte de las distintas culturas individuales. El punto crítico, a mi entender, es el de cómo parece caracterizar el estado el autor. Villoro presenta al estado plurinacional como “una asociación política” es decir, como el producto de una acción consensuada de tipo contractual. Subyace aquí, una concepción contractualista del estado que es lo que deberíamos poner en discusión. La pregunta que me hago es: ¿es posible alcanzar tal consenso (entre los distintos pueblos) dentro del actual estado burgués? Y si es así, ¿en que medida puede ser generalizable?
domingo 30 de marzo de 2008
En torno a la crisis argentina de 2001-2002
El planteo de Bonnet respecto a las causas que precipitaron la crisis argentina de 2001-2002, es el de que por un lado, los capitalistas argentinos (y extranjeros que actúan en el país) fueron incapaces de aplicar la “racionalización de la organización de la producción” requerida para sostener un aumento constante en la productividad del trabajo y un nivel de competitividad, acordes al tipo de cambio impuesto por la convertibilidad en la década del noventa. Por otro lado, Bonnet enfatiza lo que considera otra de las causas de la caída de la convertibilidad y el consecuente estallido de la crisis: la resistencia de los trabajadores a la explotación. Esta, en la exposición del autor, atraviesa distintas etapas en las cuales los sujetos sociales y las demandas planteadas fueron variando hasta la conformación de una “nueva fuerza social”. Tal proceso no parecería ser mas que la expresión política de la crisis o de un despertar creciente de la resistencia social ante la “hegemonía menemista”. En este razonamiento, la potencialidad de la acción política de la clase obrera y las perspectivas adoptadas por la acumulación de capital en Argentina para desembocar en una crisis, aparecen vaciadas de contenido y determinación. Las formas políticas surgidas serían un resultado de la “resistencia” o de la “lucha” sin mas necesidad para su razón de ser que la acción colectiva de la clase obrera en sí y por sí misma. En otras palabras el autor no parece concebir las formas políticas como una necesidad del propio proceso de acumulación de capital para regenerarse en otras condiciones concretas. No puede verse en este análisis, especificidad o particularidad alguna en relación al proceso de acumulación de capital en Argentina y a la crisis generada en 2001-2002. Toda explicación del autor parte de la lucha de clases o de la “resistencia” como contenido de las formas de acción política e inclusive, en última instancia, parecería que hasta de la misma crisis.
El análisis hecho por Damill, Frenkel y Juvenal se alza como una crítica a lo que llaman visión “fiscalista” de la crisis. De acuerdo a los autores la crisis no puede ser entendida (como hace el FMI y buena parte de la academia) desde el punto de vista del papel jugado por la política fiscal. No obstante, en el enfoque de los autores la crisis respondería a un aspecto institucional: la implementación de una política económica en particular que demostró (según lo ocurrido en otros países de Latinoamérica) estar condenada al fracaso es decir, derivar en una crisis. Dicha política económica fue aplicada en Argentina durante la década del noventa y supuso una serie de medidas (tales como la fijación del tipo de cambio, la apertura comercial y financiera, etc.) que desembocaron en una “fragilidad externa” de la economía ante los flujos internacionales de capital y las crisis de otros países. Así, el momento en que estos afluyeron al ámbito nacional marcó el contexto internacional que hizo viable la implementación del régimen de caja de conversión. Sin embargo, cuando esta situación se revierte (ante el cambio en los flujos de capital y la crisis mexicana) la convertibilidad tambalea y la economía argentina amenaza con entrar en crisis (panorama que se presenta en 1995) ante la escasez de divisas necesarias para el sostenimiento de la paridad cambiaria. Pese a esto, la ayuda clave del FMI permite salvar la convertibilidad y patear el advenimiento de la crisis hacia delante. Con la crisis asiática de 1997, rusa y brasilera de 1998 la economía entra en un proceso de contracción que no sólo no va a revertirse, sino que va a derivar en la crisis de 2001-2002. La explicación de las causas de la crisis queda así reducida a una política económica incorrecta o inadecuada que, al desproteger la economía de los cambios económicos internacionales, la precipitó mas temprano que tarde en la crisis. En palabras de los propios autores: “la principal causa no fue una política fiscal dispendiosa, sino el efecto combinado de la fragilidad externa y el contagio de las crisis de Asia, Rusia y Brasil” . En esta visión no se considera (o se lo hace de manera muy superficial) las formas políticas adoptadas por la acumulación de capital en la convertibilidad en general y, menos aún, a medida que mas próxima estuvo la crisis. Por otra parte, toda potencialidad presentada por el proceso de acumulación de capital en Argentina parecería quedar reducida al paquete de medidas contempladas en una determinada política económica.
Para Iñigo Carrera las causas de la crisis de 2001-2002 deben buscarse en lo ocurrido con la acumulación de capital en Argentina en los 25 años previos a que la misma se desate. Lo que acontece en este período, en el planteo del autor, es el sostenimiento de la valorización de los capitales industriales que producen para el mercado interno, a partir de la apropiación de renta diferencial de la tierra y de la venta de la fuerza de trabajo por debajo de su valor esto es, la caída persistente y sostenida del salario real. En la década del noventa en particular, la acumulación de capital presentó la particularidad de utilizar la sobrevaluación cambiaria como vía de transferencia de renta hacia los capitales industriales que actuaban para el mercado interno. Una vez realizada su valorización estos capitales giraban sus utilidades (multiplicadas por la mediación cambiaria) provocando un constante y creciente drenaje de divisas. El principal modo en que, para el autor, el estado nacional pudo sostener la paridad cambiaria fue, además de la ya mencionada apropiación de renta, el endeudamiento público externo. Iñigo Carrera afirma que a partir de la década del sesenta hubo un ingreso neto de divisas en concepto de deuda externa, que se hace significativo en la década del noventa para el sostenimiento del tipo de cambio en particular y, en general, de la modalidad del proceso de acumulación de capital. Al producirse una crisis en 2001 a nivel mundial, del denominado “capital ficticio”, el flujo de riqueza social detiene su marcha y la convertibilidad se hace cada vez mas insolvente. En términos del propio autor: “la crisis mundial y la crisis nacional, agudizada como expresión específica de la primera, tornaron insostenible la expansión efectiva de la deuda para reponer las reservas de divisas drenadas por el sector privado .”
Desde el punto de vista de Iñigo Carrera, esta crisis económica requirió, para poder manifestarse como tal en toda su magnitud y dimensión, de las formas de acción política que emergieron. De este modo, los saqueos primero y la llamada “crisis de representación” (expresada en la consigna: “que se vayan todos”) después, fueron las formas de acción políticas necesarias para que el proceso de acumulación de capital para despojarse de una forma política (gobierno de la Alianza) y adoptar otra (Partido Justicialista). En el razonamiento del autor, esta última expresión política era la única con la capacidad (dadas sus bases sociales de representación) de dar curso a la aguda contracción productiva y a sus nefastas consecuencias para la clase obrera argentina: caída pronunciada del salario real y multiplicación veloz e importante de la población sobrante para el capital. En este planteo, todo cambio del que parecía portadora la acción concluyente de “cacerolazo” y el “piquete” (vista por Bonnet como la “nueva fuerza social”) no encerró más necesidad y potencialidad que el de la reproducción de la acumulación de capital sobre una nueva base.
La conclusión a la que se puede arribar, a la luz de los planteos expuestos, es que todo análisis de la crisis del 2001-2002 en particular y de cualquier otra crisis en general, que no se proponga avanzar en el conocimiento integral de las relaciones sociales de producción (vistas estas como la forma histórica en que se realiza un proceso natural de producción y reproducción de la vida humana) está condenado a dos posibilidades que niegan, cada uno de distinto modo, el conocimiento científico: la primera es caer en inversiones idealistas o ideológicas es decir, convertir la necesidad de una crisis y de una acción política en general en algo que brota del aire o de la conciencia sola y en sí misma sin determinación material alguna de la cual sea expresión concreta. Por otra parte, dar cuenta de las determinaciones de las crisis sin entender que estas son parte normal y necesaria del funcionamiento del modo de producción capitalista, es tener una mirada ideológica por negar este rasgo inherente a las sociedades regidas, en su proceso de vida humana, por la valorización del valor como relación social general.
La otra posibilidad, es la de detenerse en el puro contenido económico de las formas sociales y reducirlo a un abstracto problema de “funcionamiento de las variables macroeconómicas” o del problema de cómo se implementa una determinada política económica para traducirse en una crisis. Tal mirada induce a caer en la apariencia de que por un lado están las relaciones económicas y por otro las sociales, naturalizando o fetichizando así a las primeras.
El análisis hecho por Damill, Frenkel y Juvenal se alza como una crítica a lo que llaman visión “fiscalista” de la crisis. De acuerdo a los autores la crisis no puede ser entendida (como hace el FMI y buena parte de la academia) desde el punto de vista del papel jugado por la política fiscal. No obstante, en el enfoque de los autores la crisis respondería a un aspecto institucional: la implementación de una política económica en particular que demostró (según lo ocurrido en otros países de Latinoamérica) estar condenada al fracaso es decir, derivar en una crisis. Dicha política económica fue aplicada en Argentina durante la década del noventa y supuso una serie de medidas (tales como la fijación del tipo de cambio, la apertura comercial y financiera, etc.) que desembocaron en una “fragilidad externa” de la economía ante los flujos internacionales de capital y las crisis de otros países. Así, el momento en que estos afluyeron al ámbito nacional marcó el contexto internacional que hizo viable la implementación del régimen de caja de conversión. Sin embargo, cuando esta situación se revierte (ante el cambio en los flujos de capital y la crisis mexicana) la convertibilidad tambalea y la economía argentina amenaza con entrar en crisis (panorama que se presenta en 1995) ante la escasez de divisas necesarias para el sostenimiento de la paridad cambiaria. Pese a esto, la ayuda clave del FMI permite salvar la convertibilidad y patear el advenimiento de la crisis hacia delante. Con la crisis asiática de 1997, rusa y brasilera de 1998 la economía entra en un proceso de contracción que no sólo no va a revertirse, sino que va a derivar en la crisis de 2001-2002. La explicación de las causas de la crisis queda así reducida a una política económica incorrecta o inadecuada que, al desproteger la economía de los cambios económicos internacionales, la precipitó mas temprano que tarde en la crisis. En palabras de los propios autores: “la principal causa no fue una política fiscal dispendiosa, sino el efecto combinado de la fragilidad externa y el contagio de las crisis de Asia, Rusia y Brasil” . En esta visión no se considera (o se lo hace de manera muy superficial) las formas políticas adoptadas por la acumulación de capital en la convertibilidad en general y, menos aún, a medida que mas próxima estuvo la crisis. Por otra parte, toda potencialidad presentada por el proceso de acumulación de capital en Argentina parecería quedar reducida al paquete de medidas contempladas en una determinada política económica.
Para Iñigo Carrera las causas de la crisis de 2001-2002 deben buscarse en lo ocurrido con la acumulación de capital en Argentina en los 25 años previos a que la misma se desate. Lo que acontece en este período, en el planteo del autor, es el sostenimiento de la valorización de los capitales industriales que producen para el mercado interno, a partir de la apropiación de renta diferencial de la tierra y de la venta de la fuerza de trabajo por debajo de su valor esto es, la caída persistente y sostenida del salario real. En la década del noventa en particular, la acumulación de capital presentó la particularidad de utilizar la sobrevaluación cambiaria como vía de transferencia de renta hacia los capitales industriales que actuaban para el mercado interno. Una vez realizada su valorización estos capitales giraban sus utilidades (multiplicadas por la mediación cambiaria) provocando un constante y creciente drenaje de divisas. El principal modo en que, para el autor, el estado nacional pudo sostener la paridad cambiaria fue, además de la ya mencionada apropiación de renta, el endeudamiento público externo. Iñigo Carrera afirma que a partir de la década del sesenta hubo un ingreso neto de divisas en concepto de deuda externa, que se hace significativo en la década del noventa para el sostenimiento del tipo de cambio en particular y, en general, de la modalidad del proceso de acumulación de capital. Al producirse una crisis en 2001 a nivel mundial, del denominado “capital ficticio”, el flujo de riqueza social detiene su marcha y la convertibilidad se hace cada vez mas insolvente. En términos del propio autor: “la crisis mundial y la crisis nacional, agudizada como expresión específica de la primera, tornaron insostenible la expansión efectiva de la deuda para reponer las reservas de divisas drenadas por el sector privado .”
Desde el punto de vista de Iñigo Carrera, esta crisis económica requirió, para poder manifestarse como tal en toda su magnitud y dimensión, de las formas de acción política que emergieron. De este modo, los saqueos primero y la llamada “crisis de representación” (expresada en la consigna: “que se vayan todos”) después, fueron las formas de acción políticas necesarias para que el proceso de acumulación de capital para despojarse de una forma política (gobierno de la Alianza) y adoptar otra (Partido Justicialista). En el razonamiento del autor, esta última expresión política era la única con la capacidad (dadas sus bases sociales de representación) de dar curso a la aguda contracción productiva y a sus nefastas consecuencias para la clase obrera argentina: caída pronunciada del salario real y multiplicación veloz e importante de la población sobrante para el capital. En este planteo, todo cambio del que parecía portadora la acción concluyente de “cacerolazo” y el “piquete” (vista por Bonnet como la “nueva fuerza social”) no encerró más necesidad y potencialidad que el de la reproducción de la acumulación de capital sobre una nueva base.
La conclusión a la que se puede arribar, a la luz de los planteos expuestos, es que todo análisis de la crisis del 2001-2002 en particular y de cualquier otra crisis en general, que no se proponga avanzar en el conocimiento integral de las relaciones sociales de producción (vistas estas como la forma histórica en que se realiza un proceso natural de producción y reproducción de la vida humana) está condenado a dos posibilidades que niegan, cada uno de distinto modo, el conocimiento científico: la primera es caer en inversiones idealistas o ideológicas es decir, convertir la necesidad de una crisis y de una acción política en general en algo que brota del aire o de la conciencia sola y en sí misma sin determinación material alguna de la cual sea expresión concreta. Por otra parte, dar cuenta de las determinaciones de las crisis sin entender que estas son parte normal y necesaria del funcionamiento del modo de producción capitalista, es tener una mirada ideológica por negar este rasgo inherente a las sociedades regidas, en su proceso de vida humana, por la valorización del valor como relación social general.
La otra posibilidad, es la de detenerse en el puro contenido económico de las formas sociales y reducirlo a un abstracto problema de “funcionamiento de las variables macroeconómicas” o del problema de cómo se implementa una determinada política económica para traducirse en una crisis. Tal mirada induce a caer en la apariencia de que por un lado están las relaciones económicas y por otro las sociales, naturalizando o fetichizando así a las primeras.
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