jueves, 20 de marzo de 2008

La formación económica argentina desde 1930 a 1976

La unidad entre relaciones económicas y relaciones políticas en las dos fases de la llamada “industrialización mediante la sustitución de importaciones” es abordada desde diversos puntos vistas. Algunos de ellos, por muy contrapuestos que parezcan entre sí, terminan finalmente por caer en la misma apariencia de concebir unas y otras como dos cosas que se mueven con independencia (sea esta total o parcial) entre sí.
El planteo mas claro en este sentido, es el de Lavagna y Rosembuj donde, si algo determina o es el contenido de las relaciones políticas no es nada que pueda provenir de la materialidad del proceso de trabajo, sino de la abstractamente libre subjetividad humana expresada, en este caso, en una “ética” o “doctrina”. Esta ética o doctrina es la “justicia social” o, como la definen los propios autores, “la redistribución del ingreso a favor de los sectores de menos recursos” se aplicó en un momento histórico particular (la posguerra mundial) dando lugar al “modelo peronista de desarrollo”, el cual además de cumplir con esta dimensión “ética” permitió una industrialización creciente gracias al aumento en la demanda, logrado por la redistribución de ingresos. La condición para que tal modelo pueda ser aplicado es, en consideración de los autores, la nacionalización de la economía o el “control de resortes básicos” de la misma, tales como el comercio exterior, la banca y los servicios públicos. Con esto se logra (además de las ya mencionadas “justicia social” e industrialización) “independencia económica” frente al “imperialismo” y al capital extranjero. De este modo, el desarrollo de las fuerzas productivas en Argentina no parece contar, en este planteo, con ningún tipo de límite mas que los de otra subjetividad abstractamente libre que se imponga por la fuerza (como lo ocurrido en el golpe de estado de 1955) en el poder del estado. En el momento en que esto ocurrió es cuando se frenó tal desarrollo y así lo exponen los autores: “el desarrollo de la industria básica era objetivo de la segunda fase del gobierno peronista; aquella que precisamente, se vio frustrada por la contrarrevolución de 1955” . Obviamente en este planteo, la determinación que le cabe a la clase obrera como sujeto revolucionario se agota en la “doctrina peronista” que es la única capaz de “hacerla partícipe de la riqueza que ella misma crea”.
Para Díaz Alejandro, parecería resultar evidente que la forma adoptada por las relaciones económicas es decir, las relaciones políticas fueron, durante el período en cuestión, un estorbo para el normal, natural y libre desenvolvimiento de las primeras. La consecuencia directa de esto fue, para el autor, una “asignación ineficiente de recursos” que deriva en última instancia, en el retraso relativo de Argentina frente a países (de características similares) como Australia y Canadá. En este sentido Díaz Alejandro identifica en el período peronista de gobierno “ineficiencias macroeconómicas” (ligadas al proteccionismo y al desaliento a las exportaciones) e “ineficiencias microeconómicas” (vinculadas a un mercado laboral que se tornó “poco flexible”). Por otra parte el gobierno peronista, según el autor, tuvo una actitud hostil hacia el capital extranjero lo que termino provocando falta de inversión. No obstante, Díaz Alejandro observa que en 1953 la actitud del gobierno nacional cambia permitiendo el ingreso de capitales extranjeros. Sin embargo, esto no provocará para él cambios sustanciales: “las políticas de industrialización posteriores a 1955 continuaron las tendencias iniciadas por el régimen peronista en 1953. Las actividades que colindan con la sustitución de importaciones se desarrollaron merced a la ayuda de los inversores extranjeros y del generoso proteccionismo oficial” .
Vemos así que en el planteo de este autor, si existió alguna traba al desarrollo de las fuerzas productivas provino de las formas políticas adoptadas por el proceso de acumulación de capital, que entorpecieron la asignación eficiente de recursos del sistema de mercado. Desde este punto de vista, la determinación de la clase obrera como sujeto revolucionario no existe como tal y es ideológicamente negada. Todo lo que le cabe a esta, en tanto sujeto histórico, es funcionar como un factor de la producción y recibir la correspondiente remuneración marginal (salario) por su aporte al proceso productivo social.
Peralta Ramos (a diferencia de los autores precedentes) parecería hallar la unidad entre las relaciones políticas y las relaciones económicas, para el denominado período de “industrialización mediante sustitución de importaciones”. Sin embargo, la autora ve una relación exterior entre las mismas: unas (las relaciones económicas) son la “condición” para la aparición de las otras (las relaciones políticas) y no la forma concreta necesaria en que las primeras se realizan. En sus propios términos: “la condición estructural para la aparición de una alianza de clases que se designará en nuestro país como peronismo es el nivel alcanzado en la acumulación de capital en un contexto dependiente” . En este análisis, las formas políticas no tienen por contenido la acumulación de capital sino que ésta es una “condición” o un dato de la realidad para que las mismas sucedan. Queda barrida así, o en un segundo plano, la necesidad de la forma que toman las relaciones políticas. Mas aún, la acumulación de capital aparece invertida respecto de su forma o sea, como la expresión política de un “bloque de clases” en su enfrentamiento con otro. Así caracteriza Peralta Ramos la etapa correspondiente al derrocamiento de Perón: “el enfrentamiento en esta segunda etapa no será entre el capital y el trabajo sino que será el enfrentamiento entre dos bloques de clase y se expresará en términos de dos modelos de acumulación: desarrollo dependiente o desarrollo independiente.” Este último es, en la visión de la autora, la expresión de la plena expansión de las fuerzas productivas sociales en Argentina. Se concibe así la acumulación de capital como un proceso nacional por su esencia, donde el límite a su expansión proviene del exterior a manos del “imperialismo” y sus diversas “estrategias” para garantizar su dominación. La etapa en cuestión por lo tanto, encontraría así un desarrollo potencial o posible de las fuerzas productivas truncado por esta limitación ajena y exterior (imperialismo). En esta perspectiva, la clase obrera tiene una determinación como sujeto revolucionario que no nace de la propia necesidad del capital, sino de algún elemento externo a ella que si bien la condiciona, no la determina. Mas concretamente, Peralta Ramos afirma que la clase obrera subordina sus propios objetivos de clase a los de la “fracción industrial burguesía”, beneficiada con el proteccionismo del período, debido a que existió una condición para ello: “una etapa de acumulación con distribución de ingresos”.
En el análisis de Iñigo Carrera sobre el período, aparece expuesta la unidad entre relaciones económicas y relaciones políticas. El autor plantea que el denominado proceso de “industrialización sustitutiva de importaciones” no fue la expresión potencial o posible del desarrollo de las fuerzas productivas. Aquel por el contrario, consistió en la negación de éste en la medida que fue llevado a cabo por capitales pequeños (tanto nacionales como extranjeros) incapaces, por su determinación de pequeños, de poner en acción la máxima productividad del trabajo posible. La valorización de estos se sostuvo en la renta diferencial de la tierra como una de sus fuentes principales. La expresión política de esta negación se traduce, para Iñigo Carrera, en “la subordinación de la acción política independiente de la clase obrera a las condiciones de su reproducción inmediata subsumida en la especificidad del proceso nacional de acumulación” .
El proceso argentino de acumulación de capital, en este enfoque, continúa su curso en base a la expansión y contracción de la masa de renta apropiable. De acuerdo a estos movimientos es como varían las formas políticas en que el mismo se realiza; en momentos de expansión de la renta y de una mayor apropiación de esta por el capital industrial, la forma política aparece beneficiando a la clase obrera en su conjunto permitiendo el flujo de renta desde el terrateniente al capitalista por medio de un mayor consumo individual del obrero es decir, de las mercancías compradas por éste. En momentos de contracción ocurre lo contrario: la marcha atrás con las formas de apropiación de la renta.
En lo expuesto por el autor, la determinación como sujeto revolucionario de la clase obrera no aparece brotando de sí misma ni tampoco de alguna condición externa. Lo que puede deducirse es que tal papel, estaría ligado en todo caso, a la necesidad del propio proceso de acumulación de capital en Argentina (como forma del proceso mundial de acumulación) de expandir o no las fuerzas productivas sociales. En caso de aparecer esta necesidad la forma política requerida es la de la acción política de la clase obrera avanzando, por medio de la revolución social, en la centralización del capital al interior del ámbito nacional.
Las relaciones políticas, o relaciones sociales directas (entre personas), son la forma concreta necesaria en la cual se realizan las relaciones económicas, o relaciones sociales indirectas (entre personificaciones). En las primeras encontramos (y así es como se nos presenta) independencia social para actuar de acuerdo a la conciencia y voluntad libres. Fácil resulta, por consiguiente, caer en la apariencia de que la voluntad se mueve sin más razón o determinación que lo que ella quiere por sí misma o por naturaleza esto es, de manera autónoma y sin ningún contenido (tal como aparece expuesto en el planteo de Lavagna y Rosembuj). O bien, que las relaciones sociales directas mantienen un vínculo exterior con las de carácter indirecto de modo tal que estas “condicionan” a aquellas (como lo presenta Peralta Ramos).
En las segundas en cambio, encontramos la interdependencia social de los individuos ya que cada trabajo concreto y particular que realizan estos, no es más que una porción o una cuota en la asignación de la fuerza de trabajo total de la sociedad, necesaria para reproducir la vida humana. También aquí, la tentación surge en ver este contenido con completa abstracción de las formas concretas en que se presenta y reducirlo así a una “cuestión natural” es decir, opuesta al otro tipo de relaciones sociales que no harían mas que causar ruido o alterar el normal funcionamiento de las mismas (el ejemplo de esto es el análisis de Díaz Alejandro).
En la determinación de la clase obrera como sujeto revolucionario está portada el avance en las fuerzas productivas sociales. Claro que si bien no es ésta la única manera en que las mismas puedan expandirse, es (en mi opinión) la mas potente y así parecería demostrarlo la historia en sus casos concretos de procesos nacionales de centralización del capital en manos de la clase obrera. Este contenido (expansión de las fuerzas productivas sociales mediante la centralización del capital en un ámbito nacional) no puede tomar otra forma política que no sea la acción revolucionaria de la clase obrera aboliendo la propiedad privada de los medios de producción y de la tierra (en el caso de Argentina). Resulta claro que en la etapa de la llamada “industrialización sustitutiva de importaciones” la clase obrera estuvo lejos de personificar un proceso de tales características; el capital (en tanto relación social general) no tuvo la necesidad de centralizarse absolutamente y esto se tradujo en la expresión política que terminó por ser la representativa (en términos generales y hasta nuestros días) de la clase obrera argentina: el peronismo.

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